En América Latina, la ecología suele funcionar como las ensaladas en los puestos de chori de la ruta: aparece en el menú, sirve para aliviar culpas, pero nadie construye realmente el negocio alrededor de ella.
Por eso, entre los integrantes del ecosistema de la sustentabilidad comenzó a circular una frase que resume bastante bien el clima político argentino: “Con Milei la agenda ambiental quedó perdida en algún cajón del escritorio de Scioli”. Y, viendo los hechos, algo de cierto hay. El actual gobierno parece observar el cambio climático con el mismo entusiasmo con el que mi hijo adolescente escucha consejos sobre ahorro previsional.
Pero esa constatación abrió otra conclusión automática, mucho más cómoda que rigurosa: si las nuevas derechas latinoamericanas son explícitamente anti-ambientales, entonces las izquierdas y los populismos regionales deben ser pro-ambientales. Y ahí es donde los datos empiezan a arruinar relatos.
Brasil: motosierra discursiva versus motosierra real
El caso brasileño parece sencillo hasta que deja de serlo. Jair Bolsonaro construyó buena parte de su identidad política enfrentando ambientalistas, relativizando la destrucción amazónica y tratando a las regulaciones ambientales como si fueran una conspiración soviética infiltrada en el agronegocio. Durante su gobierno crecieron la deforestación y la minería ilegal, mientras los organismos de control ambiental eran debilitados con entusiasmo administrativo.
Hasta ahí, el villano ambiental clásico.
Entonces llegó Luiz Inácio Lula da Silva para devolver a Brasil al escenario climático global. Volvieron los discursos verdes, las cumbres internacionales y la defensa de la Amazonia. Y efectivamente hubo mejoras importantes en los índices de deforestación.
Pero mientras el progresismo global aplaudía emocionado, Petrobras seguía expandiendo proyectos petroleros y Brasil continuaba dependiendo fuertemente del extractivismo. Porque incluso la izquierda latinoamericana más sofisticada entendió hace tiempo que salvar el planeta es importante, pero financiar el Estado también.
Argentina: Vaca Muerta une más que la patria
En Argentina la grieta puede dividir familias, amistades y grupos de WhatsApp, pero hay un consenso nacional silencioso; nadie quiere discutir demasiado en serio el modelo extractivo.
Cristina Fernández de Kirchner construyó un discurso fuertemente nacional-popular mientras consolidaba el agronegocio como motor económico y apostaba cada vez más fuerte por hidrocarburos y minería. La épica era popular; el modelo, bastante fósil. Veto la primera versión de la Ley de Glaciares en 2008, y los motivos fueron la defensa de autonomías provinciales, y evitar restricciones excesivas a actividades económicas (hoy estamos en la misma).
Después llegó Javier Milei, que directamente decidió ahorrar tiempo y sincerar el asunto. Si el kirchnerismo practicaba extractivismo con lenguaje social, el mileísmo propuso extractivismo sin culpa, sin introducción y, si es posible, sin Ministerio de Ambiente de paso.
En ambos casos aparece la misma verdad incómoda: Vaca Muerta genera muchos menos conflictos políticos que un parque eólico.
Chile: progresismo minero
Gabriel Boric probablemente represente la versión latinoamericana más cercana al progresismo climático europeo. Discurso ambiental fuerte, transición energética, sensibilidad ecológica y defensa de políticas verdes.
El problema es que Chile sigue siendo una economía profundamente minera. El cobre y el litio sostienen buena parte de la estructura económica nacional, y la transición energética global necesita cantidades obscenas de ambos minerales. Así que el país puede organizar seminarios enteros sobre sustentabilidad mientras destruye montañas de manera completamente sustentable. La paradoja chilena es maravillosa, “extraer toneladas de minerales para salvar el planeta del extractivismo».
Bolivia: socialismo, Pachamama y gas natural
Si hubiera medallas olímpicas para contradicciones ecológicas, Bolivia competiría por el oro.
Evo Morales probablemente haya sido uno de los líderes mundiales que más habló sobre derechos de la naturaleza, cosmovisión indígena y crítica al capitalismo occidental. El discurso ambiental boliviano durante esos años tenía tanta épica que Greta Thunberg parecía una gerente administrativa de la ONU.
Pero mientras el planeta escuchaba fascinando discursos sobre la Madre Tierra, Bolivia expandía hidrocarburos, infraestructura extractiva y explotación de recursos naturales. Ahí aparece un concepto clave para entender América Latina: “neoextractivismo”. Gobiernos progresistas que redistribuyen riqueza, amplían políticas sociales y hablan de justicia ambiental mientras dependen económicamente de exportar petróleo, gas, soja, litio o minerales. Es decir: capitalismo extractivo con mejor redistribución pero sobre todo con mejor narrativa.
La verdadera grieta ambiental
La diferencia real entre derechas e izquierdas latinoamericanas quizá no esté en la existencia o no de extractivismo, sino en la manera de justificarlo. Las nuevas derechas suelen decir: “Necesitamos explotar recursos para crecer”. Las izquierdas responden, “Necesitamos explotar recursos para redistribuir”. Y mientras ambos modelos discuten sus diferencias filosóficas, América Latina continúa exportando naturaleza a velocidad industrial.
Eso no significa que derecha e izquierda sean ambientalmente iguales. No lo son. Las derechas contemporáneas suelen mostrar menos interés por la regulación ambiental, menor sensibilidad climática y más disposición a flexibilizar controles estatales. Pero tampoco se puede atentar contra el planeta para resolver las problemáticas sociales. Ya no nos podemos permitir ese privilegios. Porque, al final, el gran consenso regional parece ser otro, todos quieren salvar el planeta, siempre y cuando primero pague las exportaciones.
Entonces la conclusión sería que en América Latina el problema ambiental quizá no sea solamente por quién gobierna, sino un modelo económico, en esencia, compartido por casi todo el arco político.