Del campo a la mesa pero sin derechos…
Queremos comida barata, fresca, saludable, consciente y, si puede ser, que llegue a casa en menos de 30 minutos. Todo muy regenerativo. El pequeño detalle es que alguien tiene que producirla, cosecharla, empaquetarla, transportarla, venderla y finalmente pedalearla hasta nuestra puerta.
Según IPES-Food, cerca de 1.400 millones de personas trabajan en los sistemas alimentarios del mundo. Son quienes cultivan, cosechan, procesan, transportan, cocinan y reparten lo que comemos. Muchos lo hacen en condiciones precarias y con ingresos que no alcanzan para vivir dignamente.
Pero quedémonos por casa, porque tampoco hace falta cruzar el planeta para encontrar la contradicción.
En abril, la OIT y el RENATRE publicaron un estudio sobre los trabajadores migrantes temporarios de la agricultura argentina. El diagnóstico incluye informalidad, precariedad laboral, problemas de alojamiento, transporte y dificultades para acceder a la protección social.
Cuando llega la cosecha, llegan también trabajadores desde otras provincias. Levantan la fruta, el tomate, la verdura o la uva y después vuelven a sus lugares de origen. La producción queda. El trabajo también. La precariedad, aparentemente, tiene pasaje de vuelta. La informalidad, además, no es patrimonio exclusivo del campo. La OIT estimó que el 42% de las personas ocupadas en Argentina trabajaban en la informalidad durante el cuarto trimestre de 2024. Casi seis millones de personas. Un número suficientemente grande como para dejar de llamarlo excepción y empezar a llamarlo problema.
Y en el otro extremo de la cadena está el delivery
El trabajador que antes era apenas una sombra detrás de la cosecha ahora puede aparecer como un puntito en movimiento sobre la pantalla del celular. Lo seguimos mientras se acerca con nuestra hamburguesa, nuestro sushi o nuestras empanadas. Cinco minutos tarde y ya estamos pensando en reclamar.
La OIT publicó este año un estudio específico sobre las plataformas digitales de reparto y transporte en Argentina, justamente para analizar las condiciones laborales de quienes trabajan en este nuevo eslabón de la economía. Porque la tecnología cambió la manera de pedir comida. Todavía no consiguió inventar una forma de que el trabajador no necesite cobrar. Y ahí aparece una curiosa paradoja. Podemos comprar un alimento orgánico, agroecológico, regenerativo, de estación y con una etiqueta que nos explica hasta la huella de carbono de la zanahoria. Pero rara vez sabemos cuánto cobró la persona que la cosechó.
Medimos los gramos de CO 2. Medimos los litros de agua. Medimos la distancia recorrida. ¿Y la cantidad de derechos?
La crisis climática agrega otra capa al problema. El trabajo rural se realiza muchas veces al aire libre y cada ola de calor, sequía, inundación o incendio convierte una jornada difícil en una todavía más difícil. El clima cambia. La cosecha cambia. Las condiciones laborales, no siempre.
Entonces, como en cada nota de Regeneración aparece una pregunta incómoda: ¿puede ser sustentable un alimento producido de manera sustentable si quienes lo producen trabajan en condiciones insustentables?
Porque podemos reducir emisiones, cuidar el suelo, ahorrar agua y capturar carbono. Todo eso está muy bien. Pero si para lograrlo necesitamos trabajadores descartables, quizás estemos regenerando bastante menos de lo que creemos.
Tal vez haya llegado el momento de ampliar la etiqueta. Además de ingredientes, calorías, origen y huella de carbono, sería bueno empezar a mirar la huella laboral. Porque detrás de cada plato hay una cadena de personas. Y quizá el menú es barato porque la cuenta la están pagando otros…