Parece que Argentina encontró finalmente la fórmula para reducir el gasto público: dejar que el clima haga el trabajo.
¿Para qué invertir en infraestructura hidráulica si las inundaciones ya se encargan de rediseñar las ciudades? ¿Para qué gastar en adaptación si la sequía nos enseña valiosas lecciones sobre la austeridad? ¿Para qué hablar de prevención cuando siempre podemos organizar una colecta solidaria después de la tragedia?
La gran revolución económica argentina quizás no venga del equilibrio fiscal, sino del milagro de la inacción climática.
Cada vez que alguien propone obras de drenaje, sistemas de alerta temprana o planes de adaptación aparece inmediatamente la pregunta sagrada: «¿Cuánto cuesta?». Curiosamente, la misma rigurosidad desaparece cuando una ciudad queda bajo el agua, un río se seca o una cosecha se pierde. Porque en Argentina el gasto climático siempre parece excesivo hasta que llega la factura.
Las inundaciones generan pérdidas cercanas a los 1.400 millones de dólares anuales según estimaciones del Banco Mundial. En algunos escenarios futuros, las pérdidas vinculadas al cambio climático podrían alcanzar hasta el 4% del PBI. Pero la ventaja de perder dinero mediante catástrofes es que no hay que aprobar partidas presupuestarias ni discutirlas en el Congreso, total aún tenemos la solidaridad de la gente y el sol para secar el colchón.
Tomemos la sequía
La histórica sequía de los últimos años provocó pérdidas multimillonarias en el sector agropecuario. Solamente la producción de soja ha registrado pérdidas acumuladas de miles de millones de dólares asociadas a eventos extremos. La última gran sequía le costó a la economía argentina entre US$ 19.000 y US$ 20.000 millones, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y entidades del sector agropecuario . Sin embargo, nadie organizó cadenas nacionales para denunciar el despilfarro climático.
Si una obra hídrica cuesta 300 millones de dólares, se considera un gasto excesivo. Si una sequía destruye 10.000 millones de dólares de producción, se la presenta como una desgracia inevitable, una especie de visita de familiares incómodos que llegaron sin avisar. Los famosos “desastres naturales” no son tan naturales cuando lees la letra chica.
Anarcoclimatismo
La lógica económica argentina parece haber descubierto esta nueva escuela, que consiste en dejar actuar libremente a la atmósfera y confiar en que el mercado resolverá las lluvias.
Mientras tanto, los eventos extremos continúan subsidiados por el Estado. Se reconstruyen rutas, se compensan pérdidas, se financian emergencias, se otorgan ayudas y se reponen infraestructuras destruidas. Es decir, el gasto existe. La diferencia es que llega más tarde, cuesta más caro y suele venir acompañado de helicópteros, botas de goma y declaraciones de emergencia.
En Bahía Blanca, las inundaciones volvieron a recordar que el agua no suele leer los programas económicos ni distinguir entre gobiernos de izquierda, de derecha o libertarios. El clima posee una característica profundamente antipopulista, presenta la factura independientemente de quién ocupe la Casa Rosada.
Hay sectores particularmente eficientes para ignorar este fenómeno. La política discute el costo de un subsidio energético con una precisión de cirujano, pero rara vez calcula cuánto cuesta un río sin agua, un puerto paralizado o miles de hectáreas improductivas.
La bajante del Paraná afectó el comercio, la logística y la navegación. Las sequías reducen las exportaciones. Las inundaciones destruyen la infraestructura. Los incendios consumen recursos públicos. Pero seguimos hablando del cambio climático como si fuera un debate moral y no una gigantesca discusión de contabilidad nacional.
¿Será un problema semántico?
Si las obras de adaptación se llamarán «reducción del gasto futuro» o «programa de prevención del déficit climático», probablemente generarían menos resistencia.
El problema del cambio climático en Argentina no es que resulte caro. El problema es que insistimos en pagarlo de la manera más costosa posible. Rechazamos la factura de la prevención para financiar, una y otra vez, la reconstrucción. Es una curiosa teoría económica según la cual una obra de drenaje es un gasto, pero una ciudad inundada es una contingencia. La Argentina ya paga impuestos climáticos pero como ocurre con tantos tributos nacionales, nadie sabe exactamente cuánto paga hasta que llega la boleta.