Mientras el retroceso de los cuerpos de hielo en los Andes avanza a pasos agigantados, un viejo engranaje burocrático se ha reactivado a espaldas de las advertencias científicas y comunitarias en Argentina. El próximo 7 de julio, Buenos Aires será la sede donde el gobierno de Chile y la contraparte argentina formalizarán la reactivación de las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un polémico acuerdo nacido en 1997 que busca abrir las fronteras de la alta cordillera a las operaciones de corporaciones transnacionales.
Para Argentina, las señales de alarma no son menores. El secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, acordó retomar esta agenda estratégica tras una reunión sostenida el pasado 14 de abril con el ministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas. El tratado, instrumentado a través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), crea virtualmente un territorio institucional de excepción que borra los límites fronterizos tradicionales. Bajo estas normas especiales, las empresas extranjeras pueden explotar yacimientos conjuntos y coordinar su logística operando en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo. Sin embargo, la comunidad científica local advierte que las reglas de este acuerdo ignoran por completo que la realidad física, climática e hídrica del territorio andino sufrió una transformación dramática en lo que va del siglo XXI.
La desprotección legal y el fantasma de la reforma provincial
El escenario genera profunda preocupación en el arco político y social argentino debido al grave bache regulatorio que enfrenta el país. El diputado nacional Esteban Paulón (Bloque Unidos) advirtió sobre la marcada asimetría institucional y ambiental que existe de cara a esta reactivación: “El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.
Esta descentralización del control se ha vuelto crítica tras la reciente y controvertida reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Marcelo Giraud, geógrafo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los cuerpos de hielo bajo criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). No obstante, los cambios introducidos permiten ahora a los gobiernos provinciales objetar dicha protección bajo el argumento de que ciertos cuerpos podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley ni siquiera define.
“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, alerta Giraud. Aunque la aplicación de esta reforma permanece judicializada en los tribunales federales por violar principios ambientales y derechos de participación del Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, el riesgo de un pésimo precedente para los ecosistemas andinos es inminente.
La destrucción de la «cuenta de ahorro hídrica»
Científicos locales insisten en que lo que se pone en la balanza va mucho más allá de los mapas: está en juego la supervivencia de las cuencas hídricas que abastecen a las provincias de la región de Cuyo y el norte del país. En zonas áridas como la provincia de San Juan, el verdadero tesoro hídrico se esconde bajo el suelo en el ambiente periglacial y los glaciares de roca (estructuras de suelo congelado o permafrost mezclado con hielo y rocas, invisibles a simple vista).
Estos sistemas actúan como gigantescos reguladores naturales que atrapan el agua de las escasas nevadas y la liberan gradualmente, siendo el pilar fundamental durante las sequías. Giraud aporta un dato crítico: diversas investigaciones binacionales han demostrado que, en contextos de megasequía como la registrada desde 2010, estas reservas estratégicas subterráneas aportan más del 50 % del caudal de los ríos andinos. Intervenir estas zonas con mega minería pesada equivale a dinamitar la «cuenta de ahorro» que amortigua la falta de precipitaciones para las comunidades locales.
¿El «nuevo Pascua Lama» en San Juan?
El epicentro de esta reactivación tiene nombre propio en el territorio argentino: el Distrito Vicuña. Ubicado en la frontera entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama (Chile), este gigantesco complejo de oro y cobre —que agrupa los yacimientos Josemaría, Filo del Sol y Los Helados, controlados por el grupo canadiense Lundin y BHP— se encuentra plenamente dentro del polígono donde aplica el tratado minero.
Organizaciones ambientales argentinas y asambleas ciudadanas ya catalogan a Vicuña como el «nuevo Pascua Lama», recordando el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado de forma definitiva por la Justicia chilena tras causar severos e irreversibles daños ambientales. Los científicos explican que las excavaciones exponen rocas ricas en metales que, al contacto con el oxígeno y el agua, generan drenajes ácidos altamente contaminantes para los ríos que fluyen hacia los valles argentinos.
Frente a la inminente cumbre del 7 de julio en Buenos Aires, la comunidad científica y las organizaciones civiles exigen un giro urgente. La demanda desde el lado argentino es clara: dejar atrás la mirada estrictamente extractivista impulsada por las corporaciones y los despachos oficiales, y avanzar hacia una diplomacia que conciba a la Cordillera de los Andes como un ecosistema compartido que debe ser protegido y conservado, en lugar de ser rematado al mejor postor.